Los enfrentamientos se produjeron en las cercanías del Palacio Legislativo poco antes de que comenzara el evento principal organizado por la Universidad de Buenos Aires.
El magistrado Martín Cormick admitió el recurso interpuesto por el Poder Ejecutivo, trasladando la resolución definitiva a la Cámara de Apelaciones. A pesar de esto, ratificó la validez de la medida precautoria que exige acatar la norma.
El Ejecutivo nacional interpuso un recurso legal frente al dictamen judicial que calificó de inconstitucional el decreto restrictivo y le exigía transferir los recursos económicos a las universidades.
El magistrado Martín Cormick dictaminó que la administración de Javier Milei debe acatar la normativa vigente para el sector educativo bajo riesgo de sufrir penalidades monetarias.
